Tras negar inicialmente el problema, el Estado lo reconoció y prometió una solución.

Ante esto, la Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que realizará un peritaje con un experto externo para evaluar los daños. Además, se ha cuestionado el uso de fondos del "impuesto verde" para financiar las obras del Metro, lo que los legisladores consideran un desvío de recursos destinados a combatir la contaminación.