El Gobierno de Nuevo León ha presentado al Congreso del Estado el Paquete Fiscal para 2026, que contempla un presupuesto histórico de 179 mil 494 millones de pesos. La propuesta ha generado una considerable controversia al incluir un aumento del 33% al Impuesto Sobre Nómina (ISN), elevándolo del 3% al 4%, y una solicitud de nueva deuda que supera los 14 mil 644 millones de pesos. El Secretario de Finanzas, Carlos Garza Ibarra, defendió la propuesta argumentando que los recursos adicionales, estimados entre 5,700 y 6,000 millones de pesos por el alza del ISN, se destinarán a fortalecer la seguridad y la inversión pública. Según el tesorero, el 90% de esta carga fiscal recaería en las grandes empresas, minimizando el impacto en las pymes, para las cuales se propuso además una partida de 300 millones de pesos para respaldar créditos.
Garza Ibarra señaló que no están "obsesionados" con el aumento y que están abiertos al diálogo: "iremos viendo qué se acomoda y cómo se acomoda y si hay o no condiciones".
Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por el sector empresarial y legisladores de oposición. La diputada Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, advirtió que un aumento así podría llevar a recortes de incentivos para los trabajadores, mientras que el senador Waldo Fernández lo calificó como un "golpe al empleo formal". La Caintra también expresó su desacuerdo, pidiendo mesas de diálogo. La solicitud de deuda también ha sido cuestionada, ya que el gobierno la justifica por las finanzas sanas del estado, pero los legisladores la consideran excesiva y alertan sobre un posible déficit fiscal. El paquete también elimina la exención de refrendo a vehículos híbridos y crea un Pase Turístico Gratuito para vehículos foráneos.
En resumenLa propuesta del Paquete Fiscal 2026 ha establecido un escenario de tensión entre el poder ejecutivo, el legislativo y el sector privado. Mientras el gobierno defiende el aumento de impuestos y la deuda como necesarios para la inversión en seguridad e infraestructura, persisten serias preocupaciones sobre el impacto en la competitividad económica del estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.