El Paquete Fiscal 2026 propuesto por el Ejecutivo estatal ha generado un intenso debate entre el gobierno, el sector privado y el Congreso, debido a su plan de financiar un gasto de 179,490 millones de pesos mediante un aumento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y la contratación de una deuda significativa. La propuesta contempla un aumento del 15% en el presupuesto respecto a 2025, con una inversión de 21,454 millones de pesos destinada principalmente a seguridad. Para fondearlo, el gobierno plantea elevar la tasa del ISN del 3% al 4%, un incremento del 33% que ha sido criticado por cámaras empresariales como Caintra, Canaco y Coparmex, quienes lo consideran un golpe a la competitividad y al empleo. El Tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, ha defendido la medida argumentando que el 90% de la recaudación recae en grandes empresas y que se destinará a seguridad e infraestructura. Sin embargo, ha mostrado apertura al diálogo, declarando que “todo es modificable” y que ya existen mesas de trabajo con los empresarios y el Congreso.
Adicionalmente, el paquete incluye una solicitud de financiamiento por casi 17 mil millones de pesos (14,644 millones en otros reportes).
El gobierno justifica esta deuda señalando que las finanzas estatales están sanas, con indicadores en “verde”, y que la capacidad de pago ha mejorado. Por su parte, la oposición en el Congreso, conformada por el PAN y el PRI, ha calificado la propuesta como una “carta abierta” para el gobernador, criticando la falta de detalle en las obras a realizar y advirtiendo que no aprobarán el presupuesto sin modificaciones sustanciales.
En resumenEl Presupuesto 2026 de Nuevo León se encuentra en una fase crítica de negociación, donde el gobierno debe justificar la necesidad de mayores impuestos y deuda para sus proyectos prioritarios, frente a la resistencia del sector empresarial y un Congreso opositor que exige mayor claridad y responsabilidad fiscal.