El Gobierno de Nuevo León ha presentado al Congreso del Estado una controvertida propuesta de Paquete Fiscal para 2026 que incluye un aumento del 33% al Impuesto Sobre Nómina (ISN), elevándolo del 3% al 4%, y la solicitud de una nueva deuda de casi 17 mil millones de pesos. La medida ha generado un fuerte rechazo por parte de cámaras empresariales y legisladores de oposición, quienes advierten sobre el impacto negativo en el empleo y la competitividad del estado. El tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, defendió la propuesta argumentando que los recursos adicionales son necesarios para fondear un presupuesto de 179,494 millones de pesos, con un enfoque en inversión estratégica y seguridad. Según sus estimaciones, el aumento al ISN generaría entre 5,700 y 6,000 millones de pesos adicionales, destinados principalmente a seguridad.
Garza Ibarra aseguró que el 90% de esta carga recaería en las grandes empresas y no en las pymes, y que el gobierno “no está cerrado” a negociar.
Sin embargo, la propuesta ha sido calificada como un “golpe al empleo formal” por actores como el senador Waldo Fernández. La diputada Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, advirtió que el paquete fiscal, como está planteado, muestra “indicios de un posible déficit fiscal” y que el gobierno “quiere gastar más dinero del que va a recibir”. Por su parte, el PAN y el PRI han solicitado mayor detalle sobre el destino de los 22 mil millones de pesos para obra pública, calificando el proyecto como “muy a la ligera” y amenazando con acotarlo severamente. El gobernador Samuel García ha sido criticado por los diputados de oposición por “ponerle rocas al diálogo” al atacar a sus partidos, poniendo en riesgo las negociaciones.
Además, el paquete fiscal elimina la exención del pago de refrendo a vehículos híbridos y solo la mantiene el primer año para los eléctricos, una medida que revierte los incentivos previamente establecidos.
En resumenLa propuesta fiscal del gobierno de Nuevo León para 2026, que busca aumentar el Impuesto Sobre Nómina y contraer una deuda significativa, ha desatado una fuerte oposición del sector empresarial y legisladores. Mientras la administración justifica las medidas como necesarias para financiar seguridad e infraestructura, los críticos alertan sobre riesgos para el empleo, la competitividad y la sostenibilidad financiera del estado, abriendo un complejo escenario de negociación en el Congreso.