Como consecuencia directa de la tragedia, diversos municipios han intensificado sus operativos. En Guadalupe, la policía municipal decomisó más de una tonelada de pirotecnia en dos inmuebles distintos de la colonia Jardines de Casa Blanca, gracias a denuncias anónimas. El alcalde de Guadalupe, Héctor García, anunció una política de "cero tolerancia", advirtiendo que los negocios, ya sean fijos o ambulantes, que sean sorprendidos vendiendo estos artefactos serán clausurados de inmediato. De manera similar, en Pesquería se aseguraron 19 kilos de pirotecnia en la colonia Colinas de Santa Engracia. A pesar del decreto estatal de diciembre de 2024 que prohíbe la venta y uso de pirotecnia, y de los llamados de Protección Civil a no utilizarla en peregrinaciones, la comercialización ilegal persiste. Las autoridades han detectado que el modus operandi de los vendedores consiste en ocultar la mercancía en bodegas y no exhibirla en los locales, además de utilizar las redes sociales para su distribución. La tragedia ha puesto de relieve acusaciones de negligencia y corrupción a nivel municipal en Pesquería, donde vecinos afirman que ya existían denuncias sobre el almacenamiento de pólvora. En respuesta, el alcalde Francisco Esquivel se comprometió a que el municipio cubrirá los gastos de reparación de las viviendas si los seguros no lo hacen.