Un empresario afectado declaró: “En Nuevo León no se salva ninguno, están desatados todos (los municipios): Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey, Santa Catarina”.

Las denuncias señalan que las cuotas de extorsión han escalado drásticamente; ya no se trata de 500 pesos, sino de cantidades que van desde los 4,500 hasta los 20,000 pesos para evitar que el vehículo sea remitido a un corralón, lo que implicaría costos aún mayores.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (Antac), calificó la situación en la zona conurbada como “un robo, totalmente sin escrúpulos de policías municipales y estatales”. El problema se agrava porque las rutas de entrega y recolección de mercancías obligan a los camiones a cruzar varios municipios, exponiéndolos a múltiples detenciones en un solo viaje. Incluso la licencia digital se ha convertido en un pretexto para la extorsión cuando los operadores tienen problemas de conexión para mostrarla. Estas denuncias surgen en el contexto de protestas nacionales del sector para exigir un alto a la inseguridad y la corrupción por parte de las autoridades.