Una investigación periodística internacional ha revelado que la zona metropolitana de Monterrey padece uno de los peores niveles de contaminación del aire en América del Norte, debido a las altas emisiones de metales pesados tóxicos por parte de plantas industriales. La situación se agrava por la obsolescencia de las normativas ambientales mexicanas, algunas con más de 30 años sin actualizarse. El análisis, realizado por The Guardian y Quinto Elemento Lab, examinó miles de reportes de emisiones entregados por las propias empresas a la Semarnat. Los hallazgos indican que plantas de manufactura y reciclaje, muchas de las cuales producen bienes para el mercado de Estados Unidos o procesan sus residuos, liberan al aire cantidades de plomo, cadmio y arsénico que superan los totales reportados en metrópolis enteras de EE.
UU.
Por ejemplo, una sola acería en la región reportó emitir más plomo que todas las empresas juntas del área de Nueva York y Nueva Jersey.
Esta contaminación está directamente relacionada con riesgos graves para la salud, como cáncer, daño cerebral en niños y enfermedades respiratorias.
Paralelamente, se evidenció que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan estas emisiones están desactualizadas. La NOM-043, que establece límites para partículas sólidas, no ha sido modificada desde 1993, y la NOM-148, relacionada con la refinación de petróleo, tiene 19 años sin cambios, a pesar de que la ley exige una revisión cada cinco años. Esta falta de actualización permite que las industrias operen bajo estándares laxos, lo que ha llevado a legisladores locales a proponer reformas para obligar a la Semarnat a publicar semestralmente una lista de las empresas más contaminantes y exigir una regulación más estricta para la chatarra importada de EE.
UU.
En resumenLa investigación subraya una crisis de salud pública y ambiental en Monterrey, vinculada a la actividad industrial y a un marco regulatorio obsoleto. La exposición a metales pesados tóxicos pone en riesgo a la población, mientras crecen las exigencias para actualizar las normativas y aumentar la transparencia sobre las emisiones contaminantes.