Según los transportistas, los oficiales detienen a los choferes sin que hayan cometido infracción alguna, con el único fin de exigirles dinero. Las denuncias, que surgen en el contexto de protestas nacionales del sector, señalan que las cuotas exigidas han escalado drásticamente, pasando de 500 pesos a cifras que van de 4,500 a 20,000 pesos para evitar que el vehículo sea remitido a un corralón, lo que implicaría costos adicionales de hasta 30,000 pesos más multas. David Estévez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (Antac), afirmó que “Monterrey, Nuevo León, es un infierno” y que los policías municipales y estatales están “coludidos” en un “robo sin escrúpulos”.

El problema se agrava porque los transportistas deben cruzar varios municipios para entregar o recoger mercancías, enfrentando el riesgo de ser extorsionados en cada uno.

La situación ha generado una crisis que, según un afectado, “jamás se ha visto en la historia”. Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que se ha reforzado la vigilancia tras denuncias de extorsión y pidió a los operadores denunciar de forma anónima, garantizando sanciones para los elementos que incurran en estas prácticas. Sin embargo, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, afirmó no tener quejas de este tipo en su municipio.