Esta decisión representa un cambio significativo en la política fiscal y ambiental del estado. Durante años, la exención del refrendo fue una de las principales ventajas para adquirir un vehículo de bajas emisiones en una de las áreas metropolitanas con mayores problemas de contaminación del aire en México. La eliminación de este beneficio podría desacelerar la transición hacia una movilidad más sostenible, al reducir el atractivo financiero de estos vehículos frente a los de combustión interna. Para los dueños actuales de autos híbridos y eléctricos, la medida implica un nuevo gasto anual no previsto.

Para el gobierno estatal, por otro lado, se abre una nueva fuente de ingresos que contribuirá a las arcas públicas. La aprobación de esta reforma en el Congreso sugiere que las consideraciones fiscales han prevalecido sobre los objetivos ambientales en el debate legislativo. Los artículos no proporcionan detalles sobre el monto que se cobrará ni la fecha exacta en que la nueva disposición entrará en vigor, pero el cambio de política ya es un hecho.