Esta baja respuesta ha generado un debate sobre la efectividad de la medida y sus posibles implicaciones legales y discriminatorias. A dos meses de su implementación, el Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que solo se han concretado 24,673 trámites de alta foránea, una cifra muy baja considerando los cientos de miles de vehículos que se estima circulan en esta condición. Las autoridades estatales han lamentado la poca respuesta y han reforzado los trámites digitales para intentar agilizar el proceso antes de que finalice el plazo en 2025. El programa, que busca dar "mayor tranquilidad a los usuarios" y mejorar los registros para fines de seguridad pública, ha sido objeto de discusión entre autoridades, especialistas y ciudadanos. Los cuestionamientos se centran en su legalidad, sus alcances y la posibilidad de que genere efectos discriminatorios contra los propietarios de estos vehículos. La lenta adopción del programa representa un desafío significativo para la administración, que no ha logrado convencer a la mayoría de los conductores de realizar el cambio, dejando un gran vacío en el control vehicular del estado y dificultando la identificación de automóviles involucrados en actividades ilícitas.