Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido notablemente baja.

Las autoridades estatales han reforzado la promoción de los trámites digitales para agilizar el proceso antes de que finalice el año 2025, instando a los propietarios a realizar el cambio para tener mayor certeza jurídica y evitar posibles sanciones.

La discusión en torno a esta iniciativa involucra a especialistas y ciudadanos, quienes han cuestionado sus alcances y posibles efectos discriminatorios.

El ICV ha lamentado la poca respuesta y ha hecho un llamado a los conductores a cumplir con la normativa para circular de manera regular en la entidad. El costo del trámite y los requisitos necesarios son parte de la información que se ha difundido para incentivar la participación, pero la lenta adhesión sugiere que persisten barreras u objeciones por parte de los propietarios de estos vehículos. La situación pone de manifiesto la dificultad de implementar políticas de control vehicular en un estado con una alta movilidad y una gran cantidad de automóviles provenientes de otras partes del país.