El problema radica en que muchas de estas compañías no cumplen con los requisitos legales para operar, lo que significa que no están supervisadas por las autoridades competentes. Esta falta de regulación se traduce en que sus empleados a menudo no reciben la capacitación necesaria en protocolos de seguridad, manejo de crisis o uso de la fuerza, lo que puede llevar a actuaciones negligentes o incluso peligrosas. La situación enciende las alarmas porque la seguridad de fraccionamientos, empresas y eventos puede quedar en manos de personal no calificado, comprometiendo la protección de personas y bienes.

Ante este panorama, se ha hecho un exhorto a las autoridades para que implementen una regulación más estricta y una mayor fiscalización sobre el sector.

La formalización y profesionalización de los servicios de seguridad privada son vistas como pasos indispensables para garantizar que estas empresas operen bajo estándares de calidad y legalidad, contribuyendo de manera efectiva a la seguridad pública en lugar de representar un riesgo adicional.