Esta cifra representa el nivel más bajo de este delito desde 2017 y posiciona al estado fuera de los primeros lugares a nivel nacional en esta materia. Este drástico descenso en uno de los delitos de mayor impacto social es un indicador clave del progreso en las estrategias de seguridad implementadas en la entidad. Alcanzar el nivel más bajo en ocho años sugiere un punto de inflexión en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. La mejora en la seguridad tiene implicaciones profundas para la vida de los regiomontanos y los habitantes del estado, ya que una menor tasa de homicidios contribuye a una mayor percepción de seguridad, lo cual es fundamental para la cohesión social y la calidad de vida.

Además, un entorno más seguro es un factor decisivo para atraer y retener inversiones, fomentando el desarrollo económico. Aunque persisten otros desafíos de seguridad, como los robos o el fraude, la reducción de los homicidios es un logro fundamental que puede servir como base para abordar otras problemáticas delictivas. Este resultado positivo refuerza la confianza en las instituciones de seguridad y demuestra que es posible revertir tendencias negativas de violencia con políticas públicas coordinadas y sostenidas en el tiempo.