El núcleo de esta medida es la cesión por parte de Monterrey a San Nicolás de una superficie de 33,679 metros cuadrados. Según el Decreto 162, el objetivo principal es que todo el desarrollo del proyecto del estadio, desde su planeación y construcción hasta su futura operación, quede bajo la jurisdicción de un solo municipio.

Esta unificación administrativa busca agilizar de manera significativa los trámites, la obtención de permisos y los procesos de factibilidad, eliminando posibles conflictos de competencia o duplicidad de gestiones entre dos ayuntamientos. La modificación implicó una reforma al artículo 9 de la Ley de Gobierno Municipal para redefinir el polígono territorial en la zona. El decreto, que entró en vigor el 6 de enero, estipula que todas las obligaciones fiscales y administrativas de los particulares en dicha área deberán satisfacerse ante la autoridad de San Nicolás. No obstante, se protege la continuidad de los acuerdos existentes, como se lee en su transitorio cuarto: “El presente Decreto no inválida ni modifica los convenios de coordinación o colaboración celebrados entre los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, Nuevo León”. Asimismo, el documento garantiza la certeza jurídica y el respeto a los derechos adquiridos por los propietarios y habitantes de la zona involucrada.