La concesión fue otorgada al consorcio "Concesionaria Carril Confinado Tijuana 2000", conformado por las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste. El gobierno estatal justificó la concesión argumentando la falta de recursos públicos para ejecutar la obra, necesaria para mejorar la movilidad. Sin embargo, el proyecto enfrentó la oposición de un grupo de ciudadanos que intentó someter la decisión a un plebiscito, solicitud que fue declarada improcedente por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) al no alcanzar el número de firmas requeridas. El costo estimado inicial del peaje será de 53 pesos.

Los trabajos iniciales, que consisten en limpieza y despalme, no interferirán con la circulación vehicular actual.