El consorcio Concesionaria Carril Confinado Tijuana 2000, formado por las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, obtuvo la concesión por 30 años. El proyecto ha enfrentado oposición ciudadana; un intento por someter la concesión a un plebiscito fue declarado improcedente por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) al no alcanzar el número de firmas requerido. El gobierno argumentó la necesidad de la concesión debido a la falta de recursos públicos para una obra de esta magnitud, destacando que los carriles existentes se mantendrán libres de peaje y serán rehabilitados como parte del mismo proyecto. La obra está diseñada para mejorar la movilidad y seguridad en una vialidad clave que conecta Tijuana con Rosarito y que es frecuentemente afectada por accidentes y tráfico pesado.