La concesión fue otorgada por 30 años al consorcio Concesionaria Carril Confinado Tijuana 2000, conformado por las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste.

El titular de Sidurt había estimado previamente que la cuota de peaje inicial sería de 53 pesos. Este proyecto ha enfrentado una fuerte oposición ciudadana, que intentó sin éxito promover un plebiscito para que la población decidiera sobre la concesión de una vía pública a una empresa privada. Sin embargo, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) declaró improcedente la solicitud, argumentando que no se alcanzó el número de firmas requerido y que la medida no afecta la vialidad actual, ya que los carriles existentes se mantendrán libres de peaje y serán rehabilitados como parte del proyecto.