Los informes detallan que un vehículo tipo pickup y un sedán resultaron con daños totales, mientras que otra pickup fue vandalizada.

A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron personas lesionadas ni detenidos en el lugar. Este incidente no fue un hecho aislado, ya que ocurrió de manera coordinada con ataques similares en dos sedes de la FGE en Ensenada. La respuesta oficial inicial, según trascendió, fue una instrucción de "reforzar la seguridad en todas las instalaciones de la Fiscalía en el estado". La investigación reveló un giro alarmante: uno de los vehículos presuntamente utilizados en el ataque, una camioneta GMC Acadia, está registrado a nombre de Javier Robles Aguirre, exalcalde de Playas de Rosarito y actual funcionario del gobierno estatal. Robles Aguirre también ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Posteriormente, las autoridades informaron la detención de una persona en Playas de Tijuana presuntamente vinculada con la quema de uno de los vehículos. La falta de una declaración inmediata por parte de la gobernadora o la fiscal general sobre estos ataques coordinados generó preocupación sobre la respuesta del estado ante la crisis de seguridad.