Comandos armados perpetraron ataques simultáneos contra sedes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tijuana y Ensenada, incendiando vehículos oficiales y generando una fuerte movilización de seguridad. Estos hechos representan un desafío directo a las autoridades estatales y evidencian la escalada de violencia por parte de grupos criminales en la región. Los ataques coordinados, ocurridos durante las madrugadas del 20 y 21 de septiembre, marcaron un punto crítico en la situación de seguridad de Baja California. En Tijuana, el objetivo fue la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, ubicada en la delegación Centenario, en la zona de Otay. Sujetos armados ingresaron por la parte trasera del inmueble y prendieron fuego a varias unidades oficiales, causando daños totales en una camioneta tipo pickup y un sedán, además de afectaciones parciales en una unidad antisecuestros.
A pesar de la gravedad del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni detenidos. La investigación reveló un giro inesperado cuando se identificó que uno de los vehículos presuntamente utilizados en el ataque, un GMC Acadia, está registrado a nombre de Javier Robles Aguirre, exalcalde de Playas de Rosarito y actual funcionario estatal, lo que añade una dimensión política y de posible corrupción al caso. De manera simultánea, en Ensenada se registraron ataques violentos en dos instalaciones de la FGE, donde también se incendiaron vehículos y se realizaron detonaciones de arma de fuego. La respuesta oficial, según trascendió, fue una instrucción de “reforzar la seguridad en todas las instalaciones de la Fiscalía en el estado, con presencia permanente de elementos de seguridad durante las 24 horas”, una medida reactiva ante la audacia y capacidad logística demostrada por los grupos criminales.
En resumenLos ataques coordinados contra instalaciones de la FGE en Tijuana y Ensenada subrayan una severa crisis de seguridad pública, con grupos delictivos desafiando directamente a las instituciones estatales. La vinculación de un vehículo con un funcionario público añade complejidad a la investigación, mientras que la ausencia de detenciones inmediatas resalta la capacidad operativa de estas organizaciones.