Ataques coordinados a instalaciones de la Fiscalía en Tijuana y Ensenada

Comandos armados perpetraron ataques coordinados contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tijuana y Ensenada durante el fin de semana, incendiando vehículos oficiales y generando una fuerte respuesta de seguridad. Este hecho se agrava por la presunta vinculación de un vehículo utilizado en uno de los ataques con un funcionario estatal y exalcalde de Playas de Rosarito. Los ataques representan un desafío directo y audaz a las instituciones de procuración de justicia en Baja California. En Tijuana, el objetivo fue la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, ubicada en la colonia Ciudad Industrial, donde individuos prendieron fuego a varias unidades oficiales durante la madrugada del domingo 21 de septiembre, causando daños totales en una camioneta pickup y un sedán. De manera simultánea, en Ensenada se registraron dos incidentes: uno en las oficinas de El Ciprés, donde sujetos armados amagaron a un guardia e incendiaron tres vehículos, y otro en la calle Novena, donde se lanzaron bombas molotov. A pesar de la magnitud y coordinación de los ataques, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni detenidos en ninguno de los eventos. La respuesta oficial se limitó a una instrucción de “reforzar la seguridad en todas las instalaciones de la Fiscalía en el estado”. La gravedad de la situación escaló cuando las investigaciones revelaron que un vehículo GMC Acadia, presuntamente utilizado en el ataque a una patrulla en la colonia Jardines de Playas de Tijuana, está registrado a nombre de Javier Robles Aguirre, actual director de Infraestructura Educativa del gobierno estatal y exalcalde de Playas de Rosarito. Este vínculo es particularmente alarmante, ya que Robles Aguirre ha sido señalado previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, lo que introduce un elemento de posible corrupción y complicidad a un acto de violencia contra el Estado.

En resumen

Los ataques simultáneos a sedes de la FGE en Tijuana y Ensenada evidencian una escalada en la confrontación del crimen organizado contra el Estado. La falta de arrestos y, sobre todo, la implicación de un vehículo a nombre de un funcionario estatal, generan serias dudas sobre la seguridad y la integridad institucional en la región.