Ataques coordinados a instalaciones de la Fiscalía en Tijuana y Ensenada
La seguridad en Baja California enfrenta un desafío directo tras los ataques coordinados contra cuatro sedes de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. Estos actos de violencia incluyeron el incendio de vehículos oficiales y detonaciones de arma de fuego, evidenciando una audaz agresión contra las instituciones de justicia tanto en Tijuana como en Ensenada. Los incidentes comenzaron en Ensenada, donde comandos armados ingresaron a las instalaciones de la FGE en El Ciprés, quemando al menos tres unidades y disparando, a pesar de la proximidad de un cuartel de la Guardia Nacional. Simultáneamente, otras oficinas de la fiscalía en la misma ciudad fueron atacadas con bombas molotov. La violencia se extendió a Tijuana la madrugada del domingo, cuando sujetos armados prendieron fuego a varios vehículos en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en la colonia Ciudad Industrial.
Entre los vehículos dañados se encontraba una unidad antisecuestros. Un segundo ataque en Tijuana se registró en la colonia Jardines de Playas, donde se utilizó una vagoneta GMC Acadia 2019 para quemar una patrulla.
Las investigaciones revelaron que dicho vehículo está registrado a nombre de Javier Robles Aguirre, exalcalde de Rosarito y actual funcionario estatal, quien también ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. A pesar de la magnitud de los ataques, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni detenidas en ninguno de los eventos, limitándose a informar que se reforzaría la seguridad en todas las instalaciones de la FGE en el estado.
En resumenLos ataques simultáneos a sedes de la FGE en Tijuana y Ensenada, que incluyeron el uso de un vehículo vinculado a un funcionario estatal, demuestran una grave escalada en la confrontación del crimen organizado contra el Estado, exponiendo vulnerabilidades en la seguridad de las instituciones y generando una respuesta oficial centrada en reforzar la vigilancia.
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