En su intervención, la diputada Gilvaja denunció que “sin educación no hay movilidad social, no hay justicia y no hay futuro”, y acusó a la dependencia educativa de mostrar un “reumatismo político” al eludir su responsabilidad. Según la legisladora, la Secretaría de Educación ha ignorado por completo las condiciones precarias de la escuela, utilizando como pretexto que el predio se encuentra en litigio, una circunstancia que, según ella, podría resolverse. La explicación oficial dada a los padres de familia para suspender las clases fue que los sanitarios no permitían el desarrollo de las actividades. Mientras tanto, los padres de familia han tenido que instalar baños portátiles y organizar rifas para cubrir gastos básicos.

Gilvaja afirmó: “No se trata de exigencias políticas, sino de un mandato ciudadano, de un deber constitucional.

No es a mí a quien debe responder, es a las familias que siguen esperando”.

El Pleno del Congreso turnó el asunto a la Comisión de Educación para dar seguimiento y garantizar que se implementen medidas efectivas para el regreso a clases presenciales en condiciones dignas.