Se le expuso que especialistas consideran que reparar el sistema de distribución, que pierde aproximadamente un 30% del agua, y potabilizar las aguas negras sería más económico y ecológico. Sin embargo, Sheinbaum Pardo fue contundente al señalar la barrera regulatoria: "No existe una norma de salud pública ni ambiental en México que permita que el agua negra se transforme en agua potable". Explicó que, si bien esta práctica existe en otras partes del mundo, en México solo se permite verter agua tratada a un cuerpo acuático para su posterior potabilización bajo ciertas condiciones, pero no un tratamiento directo para consumo humano.

La presidenta argumentó que, incluso mejorando la eficiencia del sistema de distribución, "de todas maneras hace falta más agua por el crecimiento de la población" en Tijuana y Rosarito. Destacó el dinamismo demográfico de Tijuana, uno de los municipios con más habitantes del país.

Por ello, concluyó que el proyecto de la desaladora, que está siendo revisado por la Secretaría de Medio Ambiente por su posible impacto ambiental, "se considera que es una opción viable", citando como precedente la planta que se construye en Los Cabos.