Las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana fueron objeto de un ataque con artefactos explosivos, presuntamente lanzados desde drones. Este suceso de alto impacto activó extensos operativos de seguridad en ambos lados de la frontera y evidenció una escalada en las tácticas utilizadas por el crimen organizado en la región. El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del miércoles 15 de octubre, cuando, según versiones de agentes ministeriales, se escuchó un fuerte zumbido antes de las detonaciones, visualizando un dron sin luces sobrevolando las instalaciones. Se reportó el lanzamiento de al menos tres granadas, de las cuales dos explotaron y una fue retirada por el Grupo Antibombas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La Fiscalía General del Estado confirmó el ataque horas después, calificándolo como un “incidente” y reportando daños materiales en cuatro vehículos particulares y dos oficiales, sin registrar personas heridas.
La dependencia informó que se encontraron “vestigios de artefactos explosivos”. Tras el ataque inicial, se registraron enfrentamientos armados en las inmediaciones de la unidad. Este evento no es aislado, ya que en semanas previas, grupos criminales habían advertido sobre ataques a la FGE, y se habían registrado otros incidentes como la quema de vehículos oficiales en Tijuana y Ensenada. La respuesta fue una movilización coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Estatal, quienes acordonaron la zona. La SSPCM aclaró que sus drones no participaron en el operativo. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, presidido por Roberto Quijano, lamentó el suceso, exigiendo una investigación exhaustiva y que las autoridades reaccionen “con todo el peso de la ley”.
En resumenEl ataque con drones a la FGE en Tijuana representa una grave escalada en la violencia, provocando una respuesta coordinada de seguridad y la exigencia de acciones contundentes por parte de organismos ciudadanos para reconocer y enfrentar la crisis de inseguridad en la región.