Ataque con Drones a la Fiscalía en Tijuana Desata Alerta de Seguridad Binacional

Un ataque sin precedentes con drones cargados de explosivos contra las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana ha elevado las tensiones de seguridad en la región. El incidente, calificado como terrorismo por las autoridades, provocó una alerta del Consulado de Estados Unidos y la movilización de fuerzas de los tres niveles de gobierno. La agresión ocurrió la noche del 15 de octubre de 2025, cuando al menos tres drones lanzaron artefactos explosivos de fabricación casera, descritos como botellas de plástico con clavos, balines y fragmentos metálicos, sobre el patio de la unidad.

Aunque no se reportaron heridos, cuatro vehículos resultaron dañados.

En una conferencia de prensa, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez confirmó que el caso se investiga como "terrorismo y lo que resulte", y lo atribuyó a una reacción por las recientes detenciones y desarticulación de bandas criminales. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda respaldó a la fiscal, descartando su destitución y afirmando que el ataque es consecuencia del trabajo realizado.

El incidente generó una respuesta internacional inmediata: el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad pidiendo a sus ciudadanos evitar la zona. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de dichas alertas, afirmando que "cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas". Por su parte, organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California exigieron la intervención del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al considerar que las autoridades locales han sido "rebasadas". Este suceso marca una peligrosa escalada en las tácticas del crimen organizado en la frontera, introduciendo el uso de tecnología aérea para ataques en zonas urbanas.

En resumen

El ataque con drones a la FGE en Tijuana representa una grave escalada en las tácticas criminales, lo que ha desencadenado una investigación por terrorismo, una alerta de seguridad de Estados Unidos y peticiones de intervención federal, mientras las autoridades estatales lo consideran una represalia a sus exitosos operativos.

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