Aunque no se reportaron heridos, seis vehículos —cuatro particulares y dos oficiales— sufrieron daños por la metralla.

Andrade Ramírez confirmó que la agresión se investiga bajo los delitos de "terrorismo y lo que resulte", y la vinculó a las recientes detenciones de alto impacto contra el crimen organizado, afirmando que es el tercer ataque contra la institución en menos de un mes. El incidente generó una respuesta internacional inmediata; el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos evitar la zona.

En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la advertencia, declarando que "cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas".

Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California calificó los hechos como un acto de terrorismo que demuestra que las autoridades locales han sido "rebasadas", y solicitó la intervención directa del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Este suceso evidencia una peligrosa escalada en las capacidades tecnológicas de los grupos delictivos y expone las divergencias en la percepción del riesgo entre los distintos niveles de gobierno y las representaciones diplomáticas.