La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre el presunto robo de 180 kilogramos de cocaína en el que estarían implicados elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California. Este caso de alto perfil sugiere una posible colusión entre agentes de seguridad y una organización criminal local para sustraer la droga a otro grupo delictivo. La investigación, registrada en la carpeta FED/BC/TIJ/0002996/2025, se originó a raíz de una denuncia formal presentada por el Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, basada en reportes periodísticos. Los hechos, ocurridos el 4 de octubre, fueron captados por una cámara de videovigilancia en la calle California de la colonia Ojo de Agua, donde se identificaron vehículos propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. El presunto motivo del robo habría sido la falta de pago de "derecho de paso" por parte de un grupo criminal. En respuesta a las acusaciones, agentes de la FESC bajo investigación emitieron una carta pública denunciando "irregularidades cometidas en la investigación".
En ella afirman que se ordenaron suspensiones y medidas disciplinarias "sin que mediara investigación formal ni prueba que acreditara nuestra participación".
Además, señalan que el vehículo clave identificado en los videos, un KIA color blanco, pertenece a la "Coordinación Interinstitucional y Relaciones Internacionales, conocida como Enlace Internacional, bajo responsabilidad de un mando militar". El caso ha generado una fuerte reacción, llevando al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California a pedir la intervención de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, al vincular este suceso con los recientes ataques a instalaciones de la Fiscalía en Tijuana.
En resumenLa investigación de la FGR sobre el presunto robo de cocaína por parte de policías de la FESC en Tijuana expone una grave crisis de corrupción y seguridad. Mientras los agentes investigados denuncian irregularidades en el proceso, el caso resalta la posible infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad estatales.