El ataque no dejó personas lesionadas, pero sí causó daños materiales en al menos seis vehículos —cuatro particulares y dos oficiales— y en el inmueble.

La FGE inició una carpeta de investigación por el delito de terrorismo. Andrade Ramírez calificó el hecho como una reacción a las recientes detenciones y operativos contra el crimen organizado, afirmando que “ningún ataque detendrá el trabajo de investigación ni el compromiso con la justicia”. Este evento es considerado el primer ataque de esta naturaleza contra una sede de la fiscalía en Baja California. Tras el suceso, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, recomendando evitar la zona y monitorear los medios locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la alerta, declarando que “cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas”.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California y el Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. solicitaron la intervención del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, argumentando que las autoridades locales han sido rebasadas.