Rafael Leyva, secretario general de la Federación Mexicana Independiente de Trabajadores Californianos (Fmitbc), representa legalmente a los empleados y explicó que sus demandas tienen dos vertientes. Por un lado, buscan negociar con la empresa el pago de salarios caídos y prestaciones, argumentando que “el hecho de que la empresa no esté laborando por cuestiones ajenas no es un pretexto para dejar de pagar a los trabajadores”. Por otro lado, dirigen su reclamo a la FGE, pues consideran que el tiempo transcurrido es suficiente para haber concluido las investigaciones.

“De mayo a la fecha, que todavía no se puedan esclarecer los hechos… entonces, ¿dónde está la pronta justicia?”, cuestionó Leyva. Los trabajadores planean solicitar a la fiscalía información sobre el estatus del caso y advirtieron que si no obtienen una respuesta para el viernes, tomarán medidas drásticas. “Si no hay respuesta de la fiscalía... vamos a tomar las calles.

No estoy bromeando”, aseguró el líder sindical.

María Martínez, empleada del lugar por más de tres años, calificó la clausura como injusta, señalando que “la inseguridad existe en toda Tijuana”.