Suspenden a 14 agentes de la FESC por presunto robo de 180 kilos de cocaína

Catorce agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Baja California fueron suspendidos preventivamente en medio de una investigación por el presunto robo de 180 kilogramos de cocaína en Tijuana. Este hecho, ocurrido el 4 de octubre en la zona de Ojo de Agua, ha desatado una crisis interna en la corporación y ha puesto en duda la integridad de sus elementos. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó la suspensión y detalló que la investigación se centra en el “empleo inadecuado de material de armamento, de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en actividades que no fueron reportadas”. Según Carrillo, existen pruebas suficientes que involucran a los elementos en el robo de la droga, situación que se vincula con la delincuencia organizada. La suspensión, afirmó, es una medida necesaria para no entorpecer la averiguación. La Fiscalía General de la República (FGR) ya ha iniciado una carpeta de investigación tras una denuncia presentada por el Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas. Por su parte, la fiscal estatal, María Elena Andrade Ramírez, aclaró que la investigación es contra agentes de la FESC y no de la FGE, desvinculando el suceso del reciente ataque con drones a sus instalaciones. En respuesta, un grupo de “elementos afectados de la FESC” emitió un comunicado denunciando irregularidades en el proceso, argumentando que la investigación y las suspensiones se basan “exclusivamente” en una nota periodística del Semanario Zeta y carecen de pruebas directas o respeto al debido proceso. Este escándalo ha evidenciado profundas divisiones y desconfianza dentro de la FESC, donde directivos y agentes se acusan mutuamente de participación en el ilícito, según reportes periodísticos.

En resumen

La suspensión de 14 agentes de la FESC por el presunto robo de 180 kg de cocaína en Tijuana destapa una grave crisis de corrupción. Mientras la investigación federal avanza, los agentes acusados alegan violaciones al debido proceso, lo que expone conflictos internos y socava la confianza pública en la institución de seguridad estatal.