Ataque con drones a instalaciones de la Fiscalía General del Estado enciende alertas

Las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana fueron objeto de un ataque sin precedentes con drones cargados de explosivos caseros. El incidente, ocurrido el 15 de octubre, no dejó víctimas, pero causó daños a cuatro vehículos particulares y dos oficiales, y fue calificado por la fiscal María Elena Andrade Ramírez como un acto de terrorismo. La fiscal confirmó que se lanzaron tres explosivos de fragmentación “hechizos” que contenían clavos y fragmentos de metal, dirigidos al estacionamiento de la unidad. Andrade Ramírez aseguró que el ataque fue una respuesta directa al trabajo de la FGE contra la delincuencia organizada, incluyendo detenciones y la desarticulación de bandas criminales. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda respaldó esta postura, descartando la remoción de la fiscal y afirmando que “si le pegan a una, le pegan a todas”, en referencia a la coordinación entre las corporaciones de seguridad. El suceso provocó una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, que recomendó a sus ciudadanos evitar la zona. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la alerta, señalando que “cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas” y que el número de visitantes estadounidenses al país ha aumentado. Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California exigió la intervención del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, argumentando que las autoridades locales han sido “rebasadas” y que la repetición de ataques evidencia una “debilidad institucional preocupante”. La investigación del ataque con drones será turnada a la Fiscalía General de la República (FGR).

En resumen

El ataque con drones a la FGE en Tijuana representa una grave escalada de violencia, calificada como terrorismo por las autoridades. Aunque no hubo víctimas, el hecho provocó una alerta consular de EE. UU. y un llamado del sector ciudadano para una intervención federal, evidenciando una crisis de seguridad que, según el gobierno estatal, es una reacción al combate contra el crimen.