Desde entonces, los empleados han permanecido sin su fuente de trabajo y sin recibir sus sueldos.

Rafael Leyva, secretario general de la Federación Mexicana Independiente de Trabajadores Californianos (Fmitbc), representa legalmente a los afectados y explicó que sus demandas tienen dos frentes: negociar con la empresa propietaria el pago de salarios y prestaciones, y presionar a la FGE para que agilice las investigaciones y libere el inmueble. «El hecho de que la empresa no esté laborando por cuestiones ajenas no es un pretexto para dejar de pagar a los trabajadores», declaró Leyva. Los trabajadores consideran que cinco meses es tiempo suficiente para que la fiscalía desahogue las diligencias. Advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable para el final de la semana, tomarán medidas más drásticas. «Si no hay respuesta de la fiscalía (...) vamos a tomar las calles.

No estoy bromeando», aseguró el líder sindical.

Este no es el primer cierre del establecimiento, que ya había sido clausurado en 2024 por otro hecho violento.