Entre los sancionados se encuentra el extesorero Raymundo Vega Andrade, así como Pedro Alejo Huiqui y Luis Miguel Ramírez, quienes también ocuparon cargos clave en el gobierno anterior.

La medida fue tomada por el órgano de control municipal debido a presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de uniformes durante la gestión pasada. La inhabilitación impide a los exfuncionarios ocupar cargos públicos por un periodo no especificado en los artículos. Esta acción representa uno de los movimientos más significativos de la actual administración, encabezada por Ismael Burgueño, en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, al señalar directamente a colaboradores cercanos del gobierno que le precedió. La investigación y posterior sanción por parte de la Sindicatura subraya el escrutinio sobre el manejo de los recursos públicos y los procesos de licitación del anterior ayuntamiento. Este caso podría sentar un precedente importante en la fiscalización de las administraciones municipales en Tijuana y refleja las tensiones políticas entre el gobierno actual y el de su predecesora.