El impacto es especialmente severo para las pequeñas y medianas empresas, que están "viviendo al día" debido a la inseguridad. Desde la ciudad fronteriza, la Coparmex exigió al gobierno federal liderar una estrategia nacional contra este delito y urgió al Senado a aprobar la Ley General de Castigo a la Extorsión. A nivel local, Roberto Vega Solís, presidente de Coparmex Tijuana, destacó la urgencia de que el secretario de Seguridad federal visite la ciudad, especialmente tras recientes hechos violentos como el ataque a instalaciones de la Fiscalía, afirmando que "en Tijuana hemos tenido un año complicado en materia de seguridad". Como respuesta a esta problemática, la Canaco Tijuana recibió una propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para crear un programa de prevención del delito de extorsión en el municipio.