Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son las más afectadas, y la región fronteriza norte concentra el 11.8% del total de casos. Sierra Álvarez exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender el problema con urgencia y demandó que el Senado apruebe la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión. “No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la Ley sustituyan al Estado decidiendo quién invierte, que marca quién abre, quién cierra, quién se va, quién se queda”, sentenció. En el mismo tenor, la CANACO Tijuana informó que recibió una propuesta de la UNAM para crear un programa de prevención de la extorsión en el municipio.