Las acusaciones se centran en el otorgamiento de contratos millonarios de manera directa a empresas presuntamente controladas por Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por el gobierno de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Marco Antonio Moreno Gómez, vinculado tanto al CJNG como a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Esta situación subraya el desafío de la corrupción y la infiltración criminal en los gobiernos locales, especialmente en ciudades fronterizas estratégicas.

La negativa del alcalde a comparecer añade complejidad al caso y plantea interrogantes sobre su cooperación. La implicación de agencias estadounidenses como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) resalta la dimensión binacional del combate al crimen organizado en la región, que ya había puesto bajo escrutinio a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien le fue retirada la visa junto a su esposo.