Fuentes extraoficiales indican que la pesquisa podría extenderse a una veintena de funcionarios municipales.

Ante las acusaciones, el alcalde no acudió a la cita y envió a su equipo legal, argumentando desconocer el contenido del expediente.

Posteriormente, calificó la investigación como una “campaña negra” originada por una “denuncia anónima sin elementos” que busca manchar su imagen. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda calificó como “extraño” que los citatorios se filtraran a los medios antes de que las personas mencionadas fueran notificadas oficialmente, y afirmó que, según le comentó su exesposo Carlos Torres —otro de los presuntamente citados—, no habían recibido ninguna notificación formal. Esta situación ha generado una crisis de confianza y ha puesto de relieve las tensiones entre los distintos niveles de gobierno, así como la persistente sombra del crimen organizado sobre la administración pública en la frontera.