Según los informes, la FGR indaga la asignación directa de contratos millonarios a compañías presuntamente controladas por Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante la citación para comparecer en la Ciudad de México, el alcalde Burgueño Ruiz no asistió personalmente, argumentando desconocimiento del expediente y calificando las acusaciones como una "campaña negra" originada por una "denuncia anónima sin elementos" con el fin de "manchar su imagen". Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda calificó de "extraño" que los citatorios se filtraran a la prensa antes de ser notificados oficialmente a los implicados, entre los que también se mencionan a su exesposo, Carlos Torres, y al senador Armando Ayala. La gobernadora confirmó que, según le informó Torres, él no había recibido ninguna notificación formal.

La situación ha escalado al grado de que se reporta que no solo el alcalde, sino cerca de 20 funcionarios municipales, estarían bajo escrutinio por favorecer esta red de intereses.