Al acudir al lugar, los agentes confirmaron que las 22 cámaras estaban sujetas a la infraestructura pública sin ninguna autorización.

Este tipo de instalaciones son frecuentemente utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las corporaciones de seguridad y de los residentes de la zona, lo que representa una apropiación ilegal del espacio público para fines ilícitos.

Tras verificar su ilegalidad, personal especializado procedió a desmontar los equipos.

Todas las cámaras recuperadas fueron debidamente embaladas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones que permitan determinar quién las colocó y con qué propósito. Las corporaciones hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier instalación sospechosa.