Esta primera vinculación a proceso en Tijuana envía un mensaje contundente a individuos y empresas de que las acciones que dañan el medio ambiente no serán toleradas y tendrán consecuencias legales.

Podría incentivar a más ciudadanos a denunciar actividades contaminantes, como tiraderos clandestinos, descargas ilegales de residuos o destrucción de áreas verdes.

Para que este precedente sea verdaderamente efectivo, será crucial que el proceso judicial concluya con una sentencia justa y que se fortalezcan las capacidades de las agencias de investigación y fiscalización ambiental para documentar y sustentar adecuadamente futuros casos.