Esta situación, afirman, ha provocado una crisis económica en el sector, dejándolos hasta quince días consecutivos sin clientes.

El conflicto se originó a finales de septiembre, cuando la FGE modificó el protocolo para la acreditación y seguimiento de expedientes de defunción. Según los afectados, la fiscalía designó a una funeraria específica, cuyo nombre no se menciona en el artículo, como la única autorizada para manejar estos casos.

Esta decisión ha creado, en la práctica, un monopolio que excluye al resto de las empresas del ramo, muchas de las cuales son pequeños negocios familiares que dependen del día a día para subsistir. La falta de clientes ha llevado a los propietarios a una situación desesperada, obligándolos a pedir ayuda públicamente para que la FGE reconsidere y modifique esta estrategia. Exigen que se establezca un sistema más equitativo que les permita a todos competir en igualdad de condiciones y continuar prestando sus servicios a la comunidad, como lo han hecho durante años.

La protesta pone de relieve cómo una decisión administrativa puede tener consecuencias devastadoras para un sector económico local.