Los productores argumentan que, al ceder este recurso vital, sacrifican su actividad principal y, por lo tanto, merecen una compensación justa y permanente que asegure su sustento.

La propuesta del gobierno de integrarlos a un programa de la Secretaría del Bienestar, previo estudio socioeconómico, no es vista como una solución suficiente.

Los agricultores insisten en un mecanismo legal más sólido, como un decreto, que les brinde certeza a largo plazo.

Las negociaciones, que se esperaba quedaran definidas para el 15 de diciembre, son cruciales para el futuro hídrico de Tijuana y para la estabilidad económica de los productores del valle.