La investigación detalla que el proyecto se dividió en dos contratos principales.

El primero, por más de 356 millones de pesos, fue otorgado en 2023 a Cinco Contemporánea S.A. de C.V., empresa vinculada a redes de beneficiarios de obra pública durante la administración de Enrique Peña Nieto. El segundo contrato, por más de 580 millones de pesos, se firmó en 2024 con Corporativo Integral de Vivienda S.A. de C.V. en colaboración con Trituasfaltos S.A. de C.V. Se destaca que Corporativo Integral de Vivienda ha sido señalada en informes de la Auditoría Superior del Estado por pagos en exceso en obras no ejecutadas en 2012. Las críticas se centran en la aparente preferencia hacia estas constructoras y el enorme salto en los montos de los contratos que reciben, generando dudas sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en uno de los proyectos de infraestructura más costosos de la ciudad.