La denuncia señala una presunta violación a los derechos laborales más básicos, como es el pago puntual por el trabajo realizado.

Los afectados, descritos como padres de familia, enfrentan una situación económica precaria al ser despojados de su fuente de sustento de manera abrupta. La acción de los propietarios de bloquear el contacto sugiere una intención de evadir sus responsabilidades legales y financieras. El artículo no especifica el nombre del 'call center', el número de trabajadores afectados ni si ya han iniciado acciones legales ante las autoridades laborales como la Junta de Conciliación y Arbitraje o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Sin embargo, la denuncia pública sirve como una alerta sobre las prácticas abusivas que pueden ocurrir en esta industria y la necesidad de una mayor vigilancia por parte de las autoridades para proteger a los empleados. Este tipo de conflictos laborales resalta la importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos y los mecanismos existentes para defenderlos.