Bajo este nuevo esquema, los usuarios únicamente pagarán por los costos asociados al traslado y distribución del recurso hídrico.

Esta medida representa un cambio significativo en la política de precios del agua en una región que históricamente ha enfrentado desafíos de escasez y altos costos para transportar el agua desde el Río Colorado. El acuerdo establece una dotación anual de agua para las ciudades beneficiadas, cuyo costo será absorbido por la administración estatal. Para los residentes de Tijuana y los otros municipios, esto podría traducirse en una reducción en sus facturas, ya que el componente más variable y a menudo más caro del servicio, el precio del agua en sí, será subsidiado. La responsabilidad de los organismos operadores, como la CESPT en Tijuana, será seguir cobrando a los usuarios por la infraestructura, el bombeo, la potabilización y la distribución, es decir, todos los costos operativos para llevar el agua hasta los hogares y empresas. Esta política busca aliviar la carga económica sobre las familias y los sectores productivos de la costa, reconociendo el agua como un recurso estratégico cuyo acceso debe ser facilitado por el Estado. Queda por ver el impacto a largo plazo de esta medida en las finanzas estatales y en los patrones de consumo de agua en la región.