El Paquete Económico 2026 incluye una propuesta para incrementar en un 87% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas, pasando de 1.64 a 3.08 pesos por litro. La medida, que también aplicará por primera vez a bebidas con edulcorantes no calóricos, ha sido defendida por el gobierno como una estrategia de salud pública para desincentivar el consumo de productos ligados a la obesidad y la diabetes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que “el objetivo no tiene nada que ver con recaudar, sino con evitar que se abuse de las bebidas azucaradas”. El gobierno estima que el alza podría reducir el consumo en un 7% en los primeros dos años.
Sin embargo, la industria refresquera, representada por la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), ha reaccionado con “profunda preocupación”, calificando el impuesto como “altamente regresivo”.
Advierten que los precios al consumidor podrían aumentar entre un 10% y un 15%, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. Además, la MexBeb proyecta la pérdida de hasta 150,000 empleos directos e indirectos en los próximos cinco años y el posible cierre de miles de “tienditas”, donde estas bebidas representan cerca del 30% de las ventas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) también expresó que la medida, más que de salud, parece orientada a la recaudación y afectará el poder adquisitivo de la población. La industria argumenta que no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan la obesidad y que concentran la carga fiscal en un producto que aporta menos del 5% de las calorías consumidas por los mexicanos.
En resumenEl drástico aumento del IEPS a refrescos ha generado un fuerte debate entre el gobierno, que lo defiende como una medida de salud, y la industria, que alerta sobre un severo impacto económico en precios, empleos y pequeños comercios, considerándolo regresivo e ineficaz.