Esta retención aplicaría a los rendimientos de instrumentos formales como Cetes, fondos de inversión, pagarés y cuentas bancarias. En términos prácticos, de aprobarse, las instituciones financieras retendrían nueve pesos por cada mil pesos de rendimiento, en lugar de los cinco pesos actuales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida, asegurando que “no hay aumento de ningún tipo” y que se trata de un cambio en la dinámica, donde la retención se haría al principio y se devolvería al presentar la declaración anual.

Sin embargo, críticos como los diputados Héctor Saúl Téllez del PAN y Rubén Moreira del PRI argumentan que es un “impuesto disfrazado” y un “ataque al patrimonio familiar”.

El principal impacto, según analistas, recaería en los pequeños ahorradores y en personas de la economía informal que no presentan declaración anual, para quienes la retención provisional se convertiría en un impuesto definitivo. Además, se advierte que la medida podría desincentivar el ahorro formal en un contexto de baja en las tasas de interés, empujando a las personas hacia la informalidad financiera para evitar la retención, lo que incrementaría los riesgos y alimentaría la economía informal.