Sin embargo, analistas y organismos como el IMEF advierten que esta solución podría encarecer las pólizas para los consumidores a partir de 2026. El conflicto se originó por una reinterpretación de la Ley del IVA hace tres años, que generó un adeudo millonario para las aseguradoras, amenazando con la quiebra de hasta un 30% del sector. Para evitar un “golpe sistémico”, se negoció un estímulo fiscal de 175 mil millones de pesos, condonando pagos atrasados a cambio de que las empresas desistan de los litigios y paguen el adeudo correspondiente a 2025. Gari Flores, administrador general de recaudación del SAT, aclaró que el acuerdo “deja en el olvido el IVA no pagado al SAT en años anteriores”. No obstante, la nueva regulación impedirá a las aseguradoras acreditar el IVA entre distintas líneas de negocio, lo que, según Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF, provocará que “los asegurados sufrirán costos mayores y procesos más lentos”. Víctor Manuel Herrera, del mismo instituto, advirtió que es un hecho que las pólizas subirán, ya que el negocio asegurador, especialmente en gastos médicos y autos, opera con márgenes de rentabilidad bajos. Aunque es prematuro estimar el porcentaje del alza, se anticipa un impacto directo en el bolsillo de los usuarios, lo que podría desincentivar la contratación de seguros en un país con baja penetración de estos servicios. El acuerdo fue calificado por algunos como un “ganar-ganar”, ya que el gobierno asegura una recaudación de entre 20 y 25 mil millones de pesos y evita una crisis sectorial, mientras las aseguradoras evitan la quiebra.