Esta estrategia de fiscalización busca combatir la evasión y la elusión, priorizando a quienes presentan mayores probabilidades de incumplimiento. El universo de contribuyentes a auditar representa solo el 0.02% del padrón total, que supera los 66 millones de registros.

Sin embargo, la selección no será aleatoria.

El SAT se centrará en 1,200 grandes contribuyentes (el 6.3% de este segmento), 12,000 pequeñas y medianas empresas, y 3,000 empresas de comercio exterior.

Los criterios para ser considerado de “alto riesgo” incluyen celebrar operaciones con empresas factureras o “nomineras”, presentar pérdidas fiscales recurrentes, simular deducciones, no declarar ingresos, abusar de estímulos fiscales, y realizar operaciones con paraísos fiscales, entre otros.

La autoridad fiscal también vigilará inconsistencias entre importaciones y ventas, así como a quienes paguen una tasa efectiva de impuestos menor a la de su sector.

El SAT ha calificado esta medida como una “práctica de transparencia proactiva” que busca establecer un “piso parejo” y brindar certidumbre jurídica.

El organismo reitera su compromiso de emplear mecanismos rigurosos y apegados a la ley para consolidar un sistema tributario más justo y equitativo. Esta focalización pretende hacer más eficiente el uso de los recursos de auditoría, concentrándolos en los casos con mayor potencial de irregularidades y evasión fiscal.