El conflicto se originó por una emisión de bonos por 400 millones de dólares en 2017, cuyos pagos fueron suspendidos por TV Azteca en 2021.

En 2022, un juez local otorgó a la televisora una protección judicial, argumentando que la pandemia de COVID-19 había afectado su liquidez. Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que dichas medidas fueron “excesivas e imprecisas” y contrarias a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Tras el fallo, la presidenta Sheinbaum fue contundente: “Sí tiene que pagar, porque una cosa es la pandemia y otra cosa es ahora”. La mandataria confirmó que instruyó a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría Fiscal para atender la solicitud de los acreedores estadounidenses. Por su parte, Grupo Salinas emitió un comunicado manifestando su “total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”, aunque calificó la resolución como “contraria a derecho” y “meramente accesoria”.

Este revés judicial se suma a los litigios que el empresario enfrenta con el fisco mexicano por adeudos que, según autoridades, superan los 74 mil millones de pesos. El caso evidencia la creciente presión sobre Grupo Salinas tanto en México como en Estados Unidos, donde los acreedores ya han solicitado a una corte de Nueva York que declare a la empresa en desacato.